Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Ucrania ha protagonizado un proceso acelerado de transformación institucional, en el cual la dimensión jurídica ha cobrado especial relevancia. En este contexto, la IV Conferencia de Roma para la Restauración de Ucrania ha servido como catalizador para reforzar y acelerar los compromisos legales entre Ucrania, la Unión Europea y actores privados europeos como grandes constructoras, bancos y aseguradoras.

Esta IV Conferencia (URC, por sus siglas en inglés) tuvo importantes consecuencias jurídicas tanto para la reconstrucción económica como para el proceso acelerado de integración de Ucrania en la Unión Europea (UE) al reunir a casi 5000 participantes, incluido un centenar de delegaciones estatales y unas 2.000 empresas y organizaciones.

Además de manifestar una vez más el respaldo a Ucrania, los principales efectos jurídicos, centrados especialmente en el marco normativo, la inversión extranjera, el sistema bancario y de seguros, acelerarán proceso de adhesión a la UE:

Aceleración del proceso de integración jurídica en la UE

La adhesión de Ucrania a la Unión Europea exige la plena incorporación del acervo communautaire en su ordenamiento jurídico. La Conferencia de Roma ratificó el compromiso político y técnico para acelerar significativamente este proceso.

En términos jurídicos, esto se traduce en:

  • La adopción progresiva de legislación en materia de competencia, contratación pública, derecho corporativo, medio ambiente y justicia.
  • La creación de un calendario vinculante de reformas, supervisado por la Comisión Europea y el Consejo de Asociación.
  • Mecanismos de cooperación técnica y transposición asistida de directivas clave (por ejemplo, las relativas a servicios financieros o contratación pública).

Este proceso busca no solo cumplir requisitos formales de adhesión, sino también generar un entorno normativo que garantice seguridad jurídica para los actores económicos europeos.

Inversión extranjera y protección jurídica

Uno de los ejes centrales de la Conferencia fue la atracción de inversión privada europea en sectores clave de la reconstrucción (infraestructura, energía, agricultura, transporte). Para ello, se promovió un marco jurídico basado en:

  • Garantías legales contra la expropiación o injerencias estatales.
  • Firmas de tratados bilaterales y multilaterales de protección de inversiones (BITs y TBI adaptados a estándares de la UE).
  • Creación de mecanismos de arbitraje internacional accesibles a inversores extranjeros.
  • Reformas judiciales para garantizar la independencia de los jueces y la eficacia procesal.

La certidumbre legal en la aplicación de normas, así como la previsibilidad en la resolución de controversias, son elementos esenciales para canalizar el capital europeo hacia Ucrania.

Adaptación normativa del sistema bancario y financiero

El acceso a financiación europea requería la adaptación del sistema financiero ucraniano a los estándares regulatorios del sistema europeo. Las consecuencias jurídicas incluyen:

  • Alineación con las directivas de solvencia bancaria y supervisión prudencial, especialmente en línea con los principios de Basilea III y la Directiva 2013/36/UE (CRD IV).
  • Implementación de normas AML/CFT (anti-lavado de dinero y financiamiento del terrorismo) en consonancia con las recomendaciones del GAFI y la Directiva (UE) 2018/843.
  • Acuerdos de cooperación entre el Banco Central de Ucrania y el Banco Central Europeo en materia de supervisión y regulación de entidades de crédito.
  • Establecimiento de marcos legales para la creación de garantías crediticias, facilitando el acceso a préstamos y financiación de proyectos por parte de empresas europeas.

Marco regulador para aseguradoras europeas

En un contexto de posguerra, la cobertura de riesgos (materiales, políticos y de fuerza mayor) es crucial para atraer inversiones. La conferencia promovió la incorporación de Ucrania en un régimen jurídico compatible con la regulación europea de seguros:

  • Aplicación parcial y progresiva del régimen de Solvencia II (Directiva 2009/138/CE).
  • Reconocimiento mutuo de licencias entre Ucrania y Estados miembros de la UE.
  • Participación de agencias europeas y multilaterales (como la MIGA del Banco Mundial o la EBRD) en el diseño de esquemas de cobertura contra riesgos políticos.

La convergencia regulatoria permite la entrada de grandes aseguradoras europeas en Ucrania y favorece el aseguramiento de inversiones a largo plazo.

Instrumentalización del derecho para la reconstrucción

La reconstrucción nacional exige un marco legal eficaz que permita la ejecución de grandes proyectos públicos y público-privados. En este sentido, las medidas jurídicas adoptadas o comprometidas incluyen:

  • Reformas sustanciales en la Ley de Contratación Pública de Ucrania, para ajustarse a las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE.
  • Establecimiento de un régimen normativo para Asociaciones Público-Privadas (APP) basado en transparencia, libre competencia y resolución eficaz de disputas.
  • Incorporación de cláusulas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) como requisitos legales en proyectos de infraestructura.

Estas reformas tienen como objetivo permitir una reconstrucción jurídicamente sólida, atractiva para el capital europeo y coherente con los valores del derecho de la UE.

La Conferencia de Roma marca un punto de inflexión en la estrategia jurídica de Ucrania para su reconstrucción y acercamiento a la Unión Europea. El derecho se convierte en herramienta esencial para:

  • Garantizar el atractivo del entorno económico.
  • Facilitar el acceso a recursos financieros y aseguramiento de riesgos.
  • Reforzar el Estado de Derecho como pilar de confianza para los socios europeos.

La convergencia jurídica entre Ucrania y la UE no es solo una condición técnica de adhesión, sino un proceso de transformación institucional profunda con impacto directo en la estabilidad, la inversión y la recuperación postbélica.

Referencias sugeridas:

  • Comisión Europea (2025). Progress Report on Ukraine’s Alignment with the EU Acquis.
  • Unión Europea. Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública.
  • Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (2025). Investment Framework for Ukraine’s Reconstruction.
  • Parlamento Europeo (2024). Report on Ukraine’s Candidate Status and Legal Reforms.
  • OECD (2023). Legal and Institutional Challenges in Post-War Ukraine.